En Andalucía, mientras Cañamero es detenido…


La Junta de Andalucía abonará la defensa jurídica privada de los altos cargos de la administración autonómica que están en activo y de los funcionarios públicos imputados por la juez Mercedes Alaya en el caso del fraude de los ERE. El dinero público al servicio de la defensa de quienes nos roban…

Agencias

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha manifestado este martes que, de acuerdo con el reglamento de los Servicios Jurídicos de la Junta, los cargos de la administración autonómica que han sido imputados en el caso de las irregularidades de los expedientes de regulación de empleo (ERE) “podrán pedir el servicio o el pago de la defensa”.

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Miguel Ángel Vázquez ha manifestado que los cargos de la administración autonómica que han sido imputados por la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, aún no han recibido la notificación oficial por parte del juzgado. Algunos de ellos ya han anunciado que recurrirán dicha imputación.

Ha expuesto que ante el hecho de que un alto cargo o funcionario en activo de la administración pida acogerse a la norma vigente, esto es, el Reglamento de los Servicios Jurídicos, la Junta tiene la “obligación de cumplir la ley”. Ha expuesto que, de acuerdo con esa normativa, se puede defender o no a esos cargos o se “puede abonar la asistencia letrada privada”. Ha indicado que, por norma general, las personas imputadas ocupando cargos en la Junta han buscado una defensa privada.

Preguntado sobre si la defensa de esos imputados la va a asumir la Junta, Vázquez ha señalado que la administración autonómica va a aplicar “estrictamente” el Reglamento de sus servicios jurídicos, lo que quiere decir que aquellas personas que ocupen un cargo actualmente o funcionarios en activo “podrán pedir el servicio o el pago de la defensa en causas judiciales”.

Ha apuntado que no puede dar más información al respecto porque aún no se sabe cuántos van a recurrir al no haber recibido la notificación oficial del juzgado.

Preguntado sobre si la Junta como tal va a recurrir el citado auto, ha señalado que la administración autonómica quiere andar con “pies de plomo” y, al igual que va a colaborar estrechamente con la justicia hasta el final, va a hacer públicas sus discrepancias. “La Junta no va a adoptar inicialmente esa posición”, ha indicado el portavoz sobre un posible recurso  de la propia administración.

En cuanto a la petición de la Fiscalía Anticorrupción a la juez Alaya para que fije un “calendario razonable” para las declaraciones de los 20 cargos y ex cargos de la Junta que fueron imputados en su último auto, ha manifestado que ello abunda en la línea que también había planteado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, reclamando “celeridad en la instrucción” de las causas que están en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al frente del cual se encuentra Mercedes Alaya.

Ha indicado que la petición de la Fiscalía Anticorrupción también va en la línea de lo que pide la Junta, esto es, que se vaya deprisa, con rigor y que los culpables paguen cuanto antes y se pueda recuperar la mayor parte del dinero defraudado.

Farlopa, limusinas, abogaos…

Más que la Junta, esto es el negocio de Tony Montana.

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